Las autoridades constitucionales y comunales de Benito Juárez acusaron al Gobierno de Chiapas de provocar la violencia en la selva de Chimalapas.
También los responsabilizaron de una invasión que provocó ayer la retención de siete indígenas chiapanecos.
El Agente Municipal y el Secretario de Bienes Comunales de Benito Juárez, Mauro Vázquez Cruz y Emmanuel García García, respectivamente, a través de una carta pública, expusieron que las personas que tienen retenidas les confesaron que invadieron tierras de Oaxaca por orden de la autoridad municipal de Cintalapa, Chiapas; y de un ganadero.
"Nuestra Asamblea está consciente que estas acciones son una provocación que nos hacen los madereros, ganaderos y funcionarios chiapanecos, a los Chimalapas, para tratar de que se desate un enfrentamiento violento, y así se frenen los juicios de amparo agrario y de controversia constitucional", afirmaron.
"No lo vamos a permitir. Pero nuestra paciencia tiene un límite. Trataremos de no enfrentarnos con hermanos indígenas y campesinos pobres como nosotros, pero no será así ni en el caso de ganaderos o madereros ni en el ca o de que quisiera entrar la Policía de Chiapas o incluso la de Oaxaca, a reprimirnos".
Ayer, comuneros oaxaqueños de Chimalapas desalojaron un asentamiento ilegal de chiapanecos en el paraje Agua Fría.
En la acción fueron retenidas siete personas identificadas como Antonio Pérez Gómez, Salvador Díaz Díaz, Alejandro López Sánchez, Esaú López Jiménez, Santiago Bautista Gómez, Efraín Díaz Gómez y Eva Díaz.
Estos indígenas tzotziles, expusieron las autoridades de Chimalapas, manifestaron que son originarios de San Cristóbal de la Casas y de la comunidad de Esperanza de los Pobres, Municipio de Malpaso, Chiapas.
La asamblea comunitaria de Benito Juárez exige al Gobierno federal detener estas acciones de provocación por parte del Gobierno de Chiapas.
También pidió a la Secretaría de Gobernación hacer respetar el acuerdo de distensión firmado en diciembre de 2011.
Al Gobierno de Oaxaca le solicita aportar las pruebas efectivas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para demostrar la propiedad de más de 160 mil hectáreas que están en disputa.
