Por: Adela Navarro Bello - agosto 28 de 2013
De diciembre de 2011 a julio de 2012, en el ocaso del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, sucedieron en México 12 mil 374 homicidios relacionados con la criminalidad de alto impacto. Producto de enfrentamientos con y entre narcotraficantes o resultado del crimen organizado.
De diciembre de 2012 a julio de 2013, el mismo periodo de ocho meses pero ahora con Enrique Peña Nieto al frente de la Presidencia del país, en México ocurrieron –y están documentados en la estadística oficial– 13 mil 775 ejecuciones, producto de la inseguridad y la violencia entre los cárteles de la droga y la delincuencia organizada.
Las cifras dan cuenta de un incremento del 11.32 por ciento entre un periodo y otro. Por tanto, la violencia ha continuado la escalada en estos albores de la Presidencia de la República en las manos de un priista del Estado de México como lo es Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, el miércoles 27 de agosto en la 34 reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Presidente dijo que los homicidios de esta lamentable categoría, habían disminuido un 20 por ciento en relación a los mismos ocho meses pero del mandato de Calderón.
Utilizó el Presidente Peña la palabra región, con lo que su discurso podría aplicarse no en lo general sino por zonas del país. Podría tener razón en la regionalización de la inseguridad aun cuando en la suma global la realidad, la que se ve, la que se escucha en los disparos y la que se cuenta en la estadística, en sus primeros ocho meses de muertos. Ciertamente Chihuahua no es el estado con más homicidios como lo fue en el sexenio pasado, pero ahora ese nada honroso primer lugar lo ocupa Guerrero. Es decir, Acapulco es para Peña lo que Ciudad Juárez fue para Calderón.
La inseguridad y los homicidios pues, no han disminuido. Han incrementado allende la retórica del Presidente Peña o del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El viernes 23 de agosto en el Semanario ZETA de Tijuana, Baja California, documentamos –a propósito de la cercanía del primer informe de gobierno de Peña Nieto– los ejecutados, los homicidios dolosos de los primeros ocho meses de esta tricolor administración.
No fue un trabajo fácil, lo laborioso no fue sacar las cuentas, sino encontrar las estadísticas en las páginas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde desde Ayuntamientos hasta Estados, actualizan la relación de homicidios en todas sus categorías. Mientras en el sexenio de Calderón las cifras estaban disponibles para que cualquier ciudadano interesado las consultara, en el de Peña se han ocultado.
Eliminaron por ejemplo la estadística por municipios, y se han incrementado los homicidios culposos, es decir por accidente, de manera alarmante en zonas de evidente guerra criminal como es el caso de Michoacán.
La retórica de la Presidencia de la República se ha concentrado en hacer creer que en México hay paz y seguridad, cuando en las calles, en los municipios y poblados los balazos son algo cotidiano entre la población que no ha emprendido el éxodo, sea al extranjero, sea a Estados menos inseguros.
Utilizando la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los municipios y de los estados, en ZETA llegamos a la suma de 13 mil 775 ejecutados en los primeros ocho meses de gobierno. Los estados con más homicidios culposos: Guerrero con mil 441, Chihuahua con mil 277; Estado de México (la tierra del Presidente) en tercer sitio con mil 217, Jalisco con mil 94 y Sinaloa con 924. Las ciudades con más homicidios dolosos: Acapulco (625), Distrito Federal (521), Tijuana (389), Culiacán (334) y Ciudad Juárez (295). Aun con la manipulación de las cifras en el actual gobierno federal, la sumatoria final les va contra el discurso de paz y tranquilidad.
Y aun peor, si las cifras del Secretariado se comparan con las del INEGI, Instituto que recaba la estadística nacional en cualquier materia, se observa maniobra para informar otra cosa distinta a la realidad. Mientras en el Secretariado dan cuenta de 83 mil 63 homicidios culposos ocurridos en México entre 2007 y 2011, en INEGI en el mismo periodo se informa que sucedieron 95 mil 646.
En estas condiciones, con un país más inseguro y con más muertos producto de la violencia entre criminales y narcotraficantes, el Presidente y su Secretario informar otra cosa a los mexicanos, y destacan apenas el 27 de agosto, nueve meses después de tomar posesión, la estrategia que será en materia de inseguridad. Parece que la etapa de promesas de campaña persistió en el ejercicio del Gobierno. Nos dijeron ayer, o prometieron pues, que ahora sí la Gendarmería estaría lista en el 2014, no dijeron de dónde los policías, cómo, cuántos, en dónde, ni las facultades, pero lo prometieron una vez más.
También que en cosa de días, la PGR estrenará una Unidad de Inteligencia –vaya, eso explica muchas cosas–. También que 66 de los 122 criminales más buscados, han sido detenidos, no nos dijeron quiénes, dónde, cuándo, por qué, cuál es su situación jurídica, quiénes son las víctimas que finalmente están recibiendo justicia; tal parece que en este sexenio se protege la identidad de los criminales y sus delitos, y su aprehensión, argumentando el debido proceso y abonando a la impunidad de un juicio público y de la justicia para todos.
Aparte, el presidente con más ejecutados producto del crimen organizado y el narcotráfico, o sea Peña Nieto en estos ocho meses, nos dio otro decálogo de buenas promesas y pocos –es evidente por la estadística– de buenos propósitos para acabar con la inseguridad que dice ya no se siente en el país: Prevención del delito y reconstrucción del tejido social (¿No son esas, obligaciones del Estado?), justicia penal eficaz (¿Se ha transformado el Ministerio Público?), profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de policía (¿Cuántos han sido depurados, cómo y porqué?), transformación del sistema penitenciario, promoción y articulación de la participación ciudadana (¿Cómo? ¿A quién van a denunciar si el gobierno no informa de los criminales más buscados, ni de sus delitos, ni de quienes ya fueron detenidos?), cooperación internacional (En Estados Unidos no saben de estrategia alguna contra el narcotráfico, y el ejemplo de la descoordinación recién lo vimos con la liberación en México de Rafael caro Quintero), información que sirva al ciudadano (¿La real?), coordinación entre autoridades (Se de un manual de censura que fue entregado a las Secretarías de Seguridad de los Estados para que no informen de detenciones, no realicen presentaciones, y se guarden nombres, imágenes y expedientes), regionalización (ya hemos tocado el tema de las cinco zonas de Osorio Chong, aun cuando no se han anunciado resultados óptimos), fortalecimiento de la inteligencia (quizá se refieran a la Unidad de Inteligencia que apenas estrenarán en la PGR).
Total, que en el preámbulo de su primer informa de gobierno, Enrique Peña Nieto cuenta con más ejecutados, con menos información y con mismas promesas. A pesar de su discurso.
