El Estado de Quintana Roo perdió ante Campeche una franja de territorio que también beneficia a Yucatán, luego de 28 años de litigio.
La Suprema Corte de Justicia resolvió que ya no le toca pronunciarse sobre las controversias constitucionales promovidas en 1997 por Quintana Roo y Campeche, tras de la creación del Municipio de Calakmul, en Yucatán, debido a que el Senado se quedó con los expedientes del caso, los archivó sin haberlos resuelto y manifestó que "existe imposibilidad jurídica" para enviarlos al máximo tribunal.
En sesión privada del 3 de junio, los 11 Ministros determinaron por unanimidad que es responsabilidad del Senado fijar los límites definitivos entre las entidades mencionadas, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de la reforma Constitucional de agosto de 2005.
El litigio territorial de Quintana Roo contra sus dos Estados vecinos inició en 1996, cuando el Congreso de Campeche creó el Municipio de Calakmul y se anexó una franja de territorio quintanarroense, medida que además convirtió a otra porción de dicha entidad en territorio de Yucatán.
Meses más tarde, los tres Poderes de Quintana Roo iniciaron una controversia ante la Corte para recuperar unos 10 mil 500 kilómetros cuadrados, pero la dificultad técnica, histórica y operativa de aclarar un tema de este tipo, impidió a los Ministros dictar sentencia definitiva en los ocho años que tuvieron abierto el expediente, hasta la reforma de 2005.
En esa reforma se otorgó al Senado la facultad de resolver éstas disputas, y en el transitorio, se aclaró que sería el Senado el que por decreto legislativo fijaría los límites tratándose de las controversias que estaban en trámite previo ante la Corte.
El año pasado, el Congreso volvió a reformar la Constitución para devolverle la facultad a la Corte, pero lo que ya no regresó al máximo tribunal fueron los expedientes de esta controversia, ni tampoco de la que protagonizan desde 1998 los Estados de Jalisco y Colima.
"La reforma de 2005 le dio al Senado una atribución de índole política, no jurisdiccional, para resolver por decreto estos conflictos, y con ello cesó la competencia de la Corte para conocer de ellos", explicó una fuente de la Corte. "Si el Senado decidió archivar esos expedientes, lo hizo en uso de su atribución política y no es problema de la Corte".
Durante la sesión del 3 de junio, los Ministros estudiaron un proyecto que imputaba al Senado "responsabilidad política" por su negligencia para resolver estos asuntos durante los más de siete años que tuvo la facultad para hacerlo, pero a fin de cuentas se optó por una salida más diplomática.
En el caso de Jalisco y Colima, que reclaman 407 kilómetros cuadrados de territorio, la controversia fue promovida a principios de 1998 ,y hasta ahora la Corte no se ha pronunciado porque ninguna de las entidades le ha solicitado que requiera el expediente al Senado, pero es previsible que el resultado será el mismo.
